El asesinato de tres abogados laboralistas junto a un estudiante de derecho y un administrativo a manos de tres militantes de extrema derecha fue el saldo que tuvo que pagar la sociedad para que, tal y como se recuerda, por primera vez en España miles de personas pudieran levantar abiertamente el puño en la calle. Era 1977 y aquellos días han pasado a la historia como la "
Semana Negra de enero".
La memoria histórica obliga a recordar sus nombres: Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal, fueron tiroteados el 24 de enero como represalia al trabajar en el bufé de abogados que estaba asesorando a los obreros del transporte madrileño, cuya una de las fundadoras fue
Manuela Carmena, en contraposición a la postura tomada desde el franquista Sindicato Vertical. Unas jornadas antes también habían fallecido María Luz Nájera debido a las cargas policiales para dispersar una manifestación el día 23 y, al siguiente, Arturo Ruiz fue asesinado como consecuencia de los disparos de una pistola cuyo dueño había gritado "¡Viva Cristo Rey!" mientras apretaba el gatillo en dirección al cielo.
La masacre de la calle Atocha 55, el número del portal en el que los abogados desempeñaban sus funciones, aceleró la legalidad de un Partido Comunista de España (PCE) que aún se movía en la clandestinidad. Más de 40 años después la reparación de las víctimas sigue debatiéndose entre lo que pudo ser y no fue. Un Gobierno con miedo no fue capaz de reparar a los seres queridos de los fallecidos en la masacre dejando de hacer una justicia que debió haber empezado desde el momento en que se cometió el tiroteo.
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