[Público] Pablo Hásel: "Esto no es una democracia porque no se respeta la libertad de expresión"

Pablo Rivadura (Lleida, 1988), conocido artísticamente como Pablo Hásel, ingresará en prisión dentro de unos días. La Audiencia Nacional ha condenado al rapero por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dos casos judiciales diferentes que se traducirán en tres años de cárcel, pues a los dos años de una de las sentencias y los nueve meses de la otra se le sumarán tres meses más ya que el artista se negará a pagar la multa económica explicitada en la condena, incrementando así sus días en la cárcel. El problema: las letras de sus canciones.

El rapero Pablo Hasel acude a declarar en la Audiencia Nacional. / EP

Público habla con el afectado después de que diversas organizaciones denunciaran que la condena al rapero vulnera la libertad de expresión, al igual que diferentes colectivos sociales se solidarizaran con él. Según indica su abogado, Diego Catriel Herchhoren, "la Audiencia Nacional está siendo extremadamente rápida con la pieza de ejecución", el último trámite legal antes de que se materialice la entrada en prisión de Hásel. Él mismo relata cómo ha sido su vida desde que empezó el periplo de casos judiciales que le han llevado hasta aquí.

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[Apuntes de Clase / La Marea] Las secciones sindicales: una lucha colectiva frente a los abusos de la patronal

Viejos ecos de lucha colectiva acucian unos cogotes sudados de tanto perder mientras transitan un camino impuesto y de obligado recorrido. Sus espaldas aguantan los infortunios que este sistema carga en ellos mientras diversas crisis, ya casi más cíclicas que los años bisiestos, se ceban con su tranquilidad. Da igual si quiebra una agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros o un virus azota el planeta Tierra: ellos tienen las de perder. España, país de pequeñas y medianas empresas, encuentra en la lucha colectiva el resquicio en el que la solidaridad, la vanguardia y el empoderamiento del trabajador pueden salvarnos de la catástrofe. Otra (vez) más.

Fotograma de la película 'Pan y rosas' (Ken Loach, 2000)

Tres meses de estado de alarma en el que todo se ha parado. ¿Todo? No. Los sindicatos han mantenido su posición, firmes ante las triquiñuelas de la patronal y la ambigüedad del Ejecutivo. En pleno confinamiento, una sección sindical de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en una clínica dental de Granollers, en el Vallès Oriental, comunicó a la empresa su existencia, quedando así constituida. Habla Genís Ferrero, el secretario de acción sindical en la zona: “Al principio pedían transparencia a la empresa porque había una gran falta de comunicación con la plantilla, porque veían que no recibían la información a la que tenían derecho. Una vez superado ese estadio, ahora trabajamos en gestionar cómo se están llevando a cabo las desafecciones del ERTE de fuerza mayor que sacudió a la entidad, porque hay una disparidad de criterios increíble y la sobrecarga de trabajo está siendo brutal”.

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[Público] Las esenciales no llevan corbata

Lo han repetido hasta la saciedad desde el inicio de la emergencia sanitaria del coronavirus: “Este virus nos afecta y nos iguala a todo los humanos” o su variante “este virus no entiende de clases sociales”. La afirmación, por más veces que se repita, no deja de ser falsa. Ahora, además, hay datos encima de la mesa que permiten desmentirla. Un ejemplo: el virus ha dejado un 26% más de afectados en el humilde barrio barcelonés de Nous Barris que en el acomodado de Pedralbes, según un estudio de la Generalitat. Otro ejemplo, en Inglaterra y Gales la mortalidad por la covid-19 es más del doble en las áreas pobres que en las privilegiadas. Hay muchos más.

Una trabajadora desinfectando un edificio.- JOSEP LAGO / AFP 

El virus, por tanto, sí entiende de clases sociales. Y sus consecuencias, que no son solo el número de muertos, también. La pandemia ha traído más pobreza, más precariedad y más, si cabe, distanciamiento entre ricos y pobres. Un estudio del Ayuntamiento de Madrid muestra que la reducción más drástica de ingresos se ha vivido en los hogares con rentas inferiores a los 2.000 euros mensuales y, muy especialmente, entre los que ingresan menos de 500 euros. Más ejemplos. Una de cada diez personas con renta alta que vive en Madrid se ha visto afectada por un ERTE. En cambio, la proporción asciende a una de cada dos en el caso de las rentas más bajas.

La llegada de la pandemia, además, se produjo en un contexto en el que una parte más que considerable de la ciudadanía no había tenido ni tiempo de comenzar a recuperarse de los efectos de la crisis económica que comenzó en 2008. Así, parece que ya ha nacido una nueva medida en el escenario global para medir las generaciones. Ya no son los años, sino las crisis superadas. Y en esto de superar crisis en España hay una generación que, contra su voluntad, se está haciendo experta. Hablamos de jóvenes y adultos que a duras penas consiguieron emanciparse de su casa por culpa de los bajos salarios, la inestabilidad laboral y los elevados precios de la vivienda. Y que ahora se han visto obligados a apretarse un cinturón sin espacio para nuevos agujeros.

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Igual que el viento

¿Sabré leerte las manos
igual que el viento?
¿Recordaré algo de lo que pasó
en un pecho de flores y espinas?
¿Cómo tendré que hablar de ti
cuando me pregunten en qué sueño?
Si la duda desaparece,
¿qué nuevo enigma ocultarás
en tu espalda?¿Estaré vivo
para descifrarlo?

Marzo [2017]. Por María Gmez P.

[Público] Más de 40 ciudades se movilizan en defensa de la sanidad pública en el final del estado de alarma

La primera manifestación coordinada a nivel estatal en defensa de la sanidad pública y a favor de la derogación de la ley 15/97, que permite la entrada de empresas privadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), tendrá lugar el sábado 20 de junio. Convocada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), más de 40 localidades de todo el territorio español saldrán a las calles el penúltimo día del estado de alarma. "Desde la organización vamos a intentar mantener la distancia de seguridad y que todo el mundo lleve mascarilla. Si esto es así, entendemos que se reduce considerablemente el riesgo de contagio y que prevalece el derecho de manifestación", explica Antonio Liébana, portavoz del CAS.

Reuters

Esta movilización será el pistoletazo de salida a una serie de movilizaciones que se espera continua una vez superado el verano. “Visto lo ocurrido con la crisis sanitaria, queremos abrir un debate sobre la necesidad de blindar el sistema sanitario, lo que ocurriría si se derogara la ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad”, continúa Liébana. El activista se refiere a las dos normativas en las que se menciona la posibilidad de que entidades privadas puedan introducirse en el SNS, algo que lleva ocurriendo más de 20 años y que, desde su punto de vista, tan solo parasita, entorpece y sustrae recursos del sistema público.

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[Público] La desescalada no llega igual para todas las residencias en Madrid

La desescalada en las residencias de la Comunidad de Madrid va a trompicones. Algunas de ellas aún no han podido abrir sus puertas a las visitas por no cumplir con los requisitos exigidos. Otras, en cambio, han tenido que volver a la cuarentena al haberse dado algún caso de positivo en coronavirus entre los residentes o profesionales del centro sociosanitario. Los familiares, que siguen quejándose del oscurantismo y la falta de personal en las residencias, defienden que el camino hacia la normalidad tiene que estar protagonizado por la cautela, pero también reclaman que se dote de recursos a los centros.

EFE / Juanjo Martín. Archivo

La Consejería de Políticas Sociales, liderada por Alberto Reyero, de Ciudadanos, admitía este martes que tres residencias de la Comunidad se habían visto obligadas a dar marcha atrás en el proceso de desescalada al haberse detectado un caso positivo de la covid-19 en sus instalaciones. Se trata de la residencia pública Santiago Rusiñol, en Aranjuez, Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares y Nuestra Señora del Carmen, en Cantoblanco. A ellas se sumaría una tercera: "Sabemos que la residencia Santísima Virgen y San Celedonio, en Madrid capital, abrió el pasado jueves y ha tenido que cerrar este mismo lunes porque no se cumplía la debida organización de cara a no correr riesgos cuando entraran las visitas", confirma Miguel Ángel Vázquez, el presidente de Pladigmare, asociación de familiares residentes.

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[Apuntes de clase / La Marea] Las vacaciones durante el ERTE: una historia de conflictos internos

Llega el verano y el ERTE continúa. “¿Qué pasará con mis vacaciones?”, es una de las preguntas más frecuentes que asaltan la cabeza de aquellos trabajadores que continúan con su contrato laboral suspendido temporalmente. Empezando por el principio, es necesario diferenciar si el ERTE es de reducción de jornada, caso en el que las vacaciones se mantendrían inalteradas, o de suspensión de jornada, en el que las vacaciones no se van a disfrutar.

Virginia Castillo y Jorge Danés son los letrados al frente de Castillo y Danés Abogados, desde donde colaboran con el grupo de trabajo de acción sindical de la CNT para llevar los casos judicializados, lo que les aporta un fuerte halo de experiencia a la hora de tratar este tema. “Todos los trabajadores, de media y a no ser que su convenio colectivo marque más de 30 días hábiles de vacaciones al año, perderán dos días y medio de libranza por cada mes que estén en el ERTE”, adelanta Castillo. Eso sí, en ningún momento el periodo vacacional puede ser impuesto de forma unilateral por parte de la empresa.

En este sentido, Danés aclara que, desde el principio del estado de alarma, muchos empresarios están intentado hacer triquiñuelas, como obligar a sus trabajadores a cogerse vacaciones en lugar del permiso retribuido recuperable, o que desde la empresa le dijeran que “como no podían trabajar, que se fuera de vacaciones”. Partiendo de la base de que las vacaciones dependen de lo establecido en el convenio colectivo, éstas siempre tienen que materializarse a través de un acuerdo.

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[Público] Las despensas solidarias de Madrid repiensan su futuro frente al "abandono" del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid ni está ni se le espera. Las despensas solidarias formadas a raíz de la crisis económica a causa del coronavirus plantean su futuro en un momento en el que la desescalada social avanza y tanto la fuerza como el tiempo de los voluntarios se minimizan. En este momento, cientos de familias, miles de personas, acuden a estas organizaciones en busca de comida o productos de primera necesidad. Estos grupos de apoyo coinciden en denunciar que la Administración de la capital apenas se interesa por la situación ni ofrecen medios para poder seguir apoyando a las familias que más están sufriendo una crisis social que tan solo acaba de comenzar.

Parecía momentáneo. El estado de alarma, el confinamiento y el parón en las dinámicas normalizadas hasta hace apenas tres largos meses son pasajeros, no como las consecuencias que han ocasionado. El Consistorio liderado por el popular José Luis Martínez-Almeida, pese a ofrecer una cara amable durante los peores momentos de la pandemia, no responde a las demandas de estas organizaciones que han surgido gracias a la implicación vecinal y la solidaridad de los barrios en los que se concentran los mayores índices de vulnerabilidad.

Los acontecimientos han tomado unas dimensiones que nadie podía imaginar a principios de marzo. En Aluche, donde hay vecinos que han esperado hasta cuatro horas por una bolsa de comida, se concentran 300 voluntarios que ofrecen sustento a 5.800 familias. Según comenta Rogelio Poveda, integrante de la Asociación Vecinal del barrio, desde donde se gestionan las peticiones y las entregas, actualmente hay 1.500 familias, entre las que se encuentran alrededor de 1.300 niños y 150 bebés, que se benefician del apoyo vecinal. "El apoyo del vecindario es esencial. Algunos hacen donaciones económicas, otros aportan alimentos, incluso varios han cedido locales de forma altruista para poder dar una atención de calidad a los usuarios y que los voluntarios trabajaran en mejores condiciones", agrega el propio Poveda.

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[Público] El virus del edadismo o cómo la fortaleza mental no está reñida con la física

"Este virus edadista ha contaminado de edadismo a la sociedad". Así de tajante se muestra Javier Yanguas, doctor en psicología y director científico del Programa de Mayores de la Fundación La Caixa, cuando se le cuestiona por el impacto del coronavirus en la tercera edad. Este sector de la población ha visto cómo sus iguales han ido pereciendo a causa del coronavirus sin atenderse a sus peculiaridades. "A todos los mayores se les ha considerado como si tuvieran el mismo riesgo, cuando precisamente su característica principal es la diversidad, donde hay personas de 65 y 95 años, padres e hijos, una generación. Es injusto tratarles igual", introduce el doctor.

El hecho de que los mayores tuvieran más probabilidad de perder la vida por la covid-19 es una realidad. Que personas más vulnerables físicamente puede ser psicológicamente más fuertes que otras, también. "Toda la historia de la vejez se ha centrado en hacer actividades, y ahora que no se han podido llevar a cabo se ha revelado que quienes mejor lo han llevado la situación han sido aquellos que más recursos personales tenían a su alcance, los que se han comprometido con su gente, con confianza en el futuro; en definitiva, los que mejor se han autogestionado sus miedos", aclara Yanguas.

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[Apuntes de Clase / La Marea] Gracias y desgracias de los ERTE durante la pandemia o la relatividad de los seis meses

El problema no es el huracán, sino los estragos provocados y la forma de reconstruir lo destruido. Así ocurre con los ERTE que en estos momentos llenan de interrogantes el futuro más inmediato de miles de trabajadores. Conocer el porqué de la suspensión temporal del contrato es la mejor herramienta que tienen los trabajadores que, momentáneamente, se encuentran en paro. Sus características, consecuencias y reglamentación en los próximos meses serán determinantes para ver si tendremos que vivir con los estragos del huracán o las administraciones y empresarios pondrán de su parte para, como decíamos, reconstruir lo destruido. Por el momento, la incertidumbre sigue copando las conversaciones de la clase trabajadora.

La figura jurídica del ERTE es más conocida que nunca. Muchas empresas se acogieron a ella cuando la pandemia sobrevino en la crisis económica que inunda las cuentas más corrientes. Silvia Gambarte, abogada laboralista, explica los dos tipos de ERTE que existen retrotrayéndolos al estadio actual: “Las empresas pueden llevar a cabo un ERTE por causa de fuerza mayor o por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Aquellas entidades que fueron obligadas a cerrar al inicio de la pandemia y que tampoco podían teletrabajar se acogieron al primer tipo, además de que el Gobierno aprobó ciertas bonificaciones orientadas únicamente para estos casos”.

Por ejemplo, en el sector de la hostelería, seguramente se acogieron al ERTE de fuerza mayor puesto que muchos bares tuvieron que cerrar, mientras que los que se llevaron a cabo en algunos medios de comunicación o grandes empresas que mantuvieron su actividad podrían ser ERTEs ETOP.

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[Público] Miles de antirracistas marchan por el centro de Madrid desde la embajada de EEUU para denunciar la muerte de George Floyd

La embajada de Estados Unidos en Madrid ha amanecido blindada por la Policía Nacional este domingo 7 de junio. Una concentración convocada por la Comunidad negra, africana y afrodescendiente en España (CNAAE) auguraba un seguimiento masivo en la movilización para condenar el racismo institucional y en recuerdo de George Floyd, asesinado por un policía estadounidense al asfixiarle mientras le reducía en el suelo, en Minnesota.

El aforo: 200 personas. El enclave: la acera frente a la embajada, vallada y con una férrea presencia policial. Ni una ni otra premisa se han podido cumplir. En torno a 3.000 personas, la totalidad de ellas con mascarillas, se ha agolpado al final de la madrileña calle Serrano para reivindicar la violencia policial estadounidense, aunque también se han coreado algunos cánticos relacionados con el racismo institucional que impera en España, según aseguran colectivos como el Sindicato de Manteros.

Clavando la rodilla en el suelo y levantando el puño, los congregados han guardado varios minutos de silencio en honor Floyd, el último afroamericano asesinado a manos de un agente policial blanco de EE.UU. El "I can’t breath" ("no puedo respirar", en castellano), algunas de las últimas palabras que la víctima pudo decir mientras el policía le asfixiaba, ha resonado en repetidas ocasiones, recordando así la saña con la que el policía acabó con la vida de Floyd. Al mismo tiempo, decenas de personas racializadas se han tumbado boca abajo en el suelo con los brazos cruzados a sus espaldas, a modo de performance, dando una imagen que la mayoría de los asistentes no se han querido perder.

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[Público] El Ayuntamiento de Madrid deja "en la cuerda floja" la despensa solidaria que apoya a 3.200 vecinos de Lavapiés

Miguel Egea estaba visitando un local de un particular cuando le suena el móvil. Público se pone en contacto con él para saber la última hora de la Plataforma Lavapiés Cuidando del Barrio (La Cuba), que tendrá que dejar el Teatro del Barrio, enclave desde el que distribuyen alimentos a miles de personas, el próximo día 7. “El Ayuntamiento no nos ha ofrecido ninguna solución. Se han lavado las manos y pusieron problemas para trasladarnos a los espacios que les propusimos. Nos han dejado en la cuerda floja”, resume el vecino de Lavapiés.

La reunión mantenida con la Junta de Distrito Centro el miércoles 3 de junio fue infructuosa: “Los colegios que les solicitamos o iban a estar en obras o serían utilizados para dar clases de refuerzo durante el verano, así que seguimos sin lugar al que trasladarnos cuando el Teatro empiece a funcionar”, explica Egea. Las cifras que manejan indican la situación a la que se enfrentan, una realidad a la que los servicios sociales del Consistorio no han sido capaces de alcanzar.

Según sus últimos datos, que no paran de aumentar, 3.200 vecinos de Lavapiés se benefician de la ayuda y bienes de primera necesidad que La Cuba les brinda. Desglosados, son unas 800 familias conformadas por unas tres personas de media, además de 150 personas en situación de calle que diariamente se acercan a recoger comida calienta.

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[La Marea / Apuntes de Clase] La moratoria hipotecaria del Gobierno no evitará la próxima oleada de desahucios

El tener una vivienda está considerado como un derecho. No hay duda de que así lo es. Poner en práctica ese derecho que, ineludiblemente se encuentra mediado por entidades bancarias con claros fines lucrativos, ya es algo más complicado. Para paliar la crisis económica sobrevenida por la pandemia del coronavirus, el Gobierno español impulsó una moratoria hipotecaria orientada a aliviar, de forma momentánea, a aquellos hogares que atravesaban una situación complicada. La ciudadanía apenas se ha acogido a la moratoria, mientras que entidades de usuarios de banca, organizaciones de consumidores y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncia su tibieza y la falta de inclusión.

El Ejecutivo, aprobó una moratoria hipotecaria de tres meses en su paquete de medidas sociales, lo que de cara al consumidor se traduce en que el pago de la cuota hipotecaria se aplaza durante un trimestre. Así pues, los interesados deben cumplir los cuatro requisitos explicitados: estar desempleado o tener una pérdida mínima del 40% en la facturación, si se es empresario o autónomo; que los ingresos de la unidad familiar no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2020 se estableció en los 537 euros mensuales, al igual que los tres años anteriores; que los gastos de hipoteca y suministros básicos sean iguales o mayores al 35% de los ingresos; y que la carga hipotecaria se vea multiplicada por, al menos, 1,3 puntos.

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[Público] Unos 13.500 trabajadores de Lidl van a la huelga después de que la empresa no cumpla sus propios compromisos

La cadena de supermercados Lidl afrontará una huelga de sus trabajadores el 4 de junio. Exceptuando las tiendas ubicadas en Euskadi, UGT y CCOO convocan un parón para el resto del país, que presenciará la primera huelga en uno de los enclaves esenciales y que más ha sufrido los estragos de la pandemia antes de que se decretara el estado de alarma. "Hay tiendas que están doblando las ventas y ni siquiera se han utilizado los horarios previstos para la mitad de esas ventas; es decir, ganan mucho más mientras reducen las horas a los trabajadores buscando aumentar la productividad", denuncia Ángel Trujillo, el responsable estatal por CCOO de Lidl.

Casi tres meses después del inicio de la crisis sanitaria, y a medida que se actualizan los protocolos de actuación, aún hay problemas en cuanto a la seguridad e higiene de los artículos: "Nos hacen llegar reglamentos que ni siquiera la empresa es capaz de cumplir. Por ejemplo, para el textil nos dicen que no se puede vender nada sin embalar mientras que Lidl envía toda la ropa a la tienda sin embalaje alguno", continúa Trujillo.

De la misma forma, el delegado de CCOO, que trabaja en un Lidl de Sevilla, incide que "la empresa se niega a reforzar la seguridad" y que, al contrario, "la está bajando, por lo que las tiendas están a reventar y es imposible cumplir los dos metros de separación". En este sentido, también aclara que “allí donde se ha puesto seguridad, cuando ha habido una cola fuera, los mandos intermedios de la empresa han dado órdenes para que entraran todas las personas posibles para evitar esa imagen”, en sus propios términos. Lidl ha declinado responder a las preguntas de Público remitiéndose a un comunicado en el que explicitan las mascarillas, pantallas protectoras, guantes y geles desinfectantes, una máxima que no niegan los trabajadores.

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[El Salto] Torrejón testea a su población sin informar de la calidad de los resultados y en contra de las recomendaciones sanitarias

Torrejón de Ardoz ha tomado la delantera a la hora de realizar test masivos de seroprevalencia para el covid-19, pero de qué manera. El municipio madrileño pretende que sus 131.000 habitantes pasen por diez carpas instaladas en el recinto ferial del municipio para cuantificar cuántos de ellos son inmunes al coronavirus. La medida, que podría parecer adecuada, abre ciertas controversias: las autoridades sanitarias no recomiendan los análisis masivos; el Ayuntamiento, presidido por el PP, no ha aportado información sobre su calidad ni su coste; además, el Grupo Municipal de Podemos denuncia que se están llevan a cabo diferentes tipos de test a la población y una “opacidad absoluta” en cuanto a la gestión.

La empresa encargada del testeo es Ribera Salud, la misma que tiene adjudicada la gestión del hospital público de la localidad. “Han venido cien profesionales de Valencia que han estado casi una semana en hoteles sin hacer nada hasta que la Comunidad de Madrid aprobó la propuesta”, comenta Olga Jiménez, portavoz de la formación morada en el Consistorio. Ella misma incide en que Ribera Salud ha comunicado que “los trabajadores se han desplazado de forma altruista, en sus días y tiempo libre, y la empresa lo ve como una medida más dentro de su responsabilidad corporativa”, una máxima que no ha podido ser contratada por este medio ya que todos los enlaces a la página web la entidad desembocan a una misma dirección electrónica dedicada, de manera exclusiva, a que los torrejoneros puedan saber su resultado.

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[Público] "Una perversidad antropológica hace que seamos la primera sociedad en la historia que quita la comida de la boca a sus hijos"

La cuestión de cómo hacer llegar la conciencia sobre el cambio climático a las clases populares que sufren otro tipo de opresiones más directas e inmediatas sobrevuela en el movimiento ecologista. La única respuesta eficaz, de forma inevitable, debe pasar por el consenso de todos los actores interpelados, desde la ciudadanía hasta la política institucional. Emilio Santiago Muíño, antropólogo social e investigador y divulgador científico en materia ambiental, encuentra una explicación:

"Tiene que haber movimientos sociales, vanguardia del pensamiento crítico, para que comiencen con una sensibilización cultural distinta en la sociedad, lo que se ve reflejado en los discursos políticos. Una vez que hayan transformado lo suficiente el sentido común de la ciudadanía, con sus contradicciones y límites, la política pública deberá implementar sus propuestas, lo que redundará en que, de nuevo, los movimientos sociales trabajen sobre ellas y se consiga cierto avance. Al fin y al cabo, es cambiar el círculo vicioso para transformarlo en un círculo virtuoso".

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