Edgar Pérez (Ciudad de Guatemala, 1969) lleva casi la mitad de su vida dedicada a la abogacía. En 2010 fundó el Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, desde donde desarrolla una intensa labor para esclarecer violaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante el último conflicto armado interno. Ahora visita España y atiende a CTXT para abordar la realidad del país centroamericano. Hablamos de cómo el lawfare opera contra aquellos partidos y candidatos que persiguen renovar un sistema agujereado por la corrupción, de los peligros a los que se enfrenta el presidente electo Bernardo Arévalo hasta su toma de posesión, y del miedo que persigue al propio Pérez, para quien dar esta entrevista ya supone un peligro para su vida.
No sé si sabrá que últimamente se ha hablado mucho sobre el lawfare en España. ¿Es algo que también se da en Guatemala?
Nosotros lo llamamos criminalización, directamente. Para mí, supone una manipulación del derecho penal al presentar causas superficiales, manipuladas y arbitrarias contra personas opositoras o que tienen una posición crítica con las políticas públicas del gobierno. Intentan neutralizarlos y limitar la lucha que llevan a cabo. Por ejemplo, en los últimos días hemos visto capturas realizadas contra catedráticos, universitarios y trabajadores de la Universidad San Carlos.
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