[El Salto] El Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional contra Izquierda Castellana: “Temen que podamos poner en pie un movimiento popular y democrático”

Izquierda Castellana (IZCA) podría desaparecer como partido político debido a un supuesto incumplimiento en sus estatutos en relación a la ley de financiación de partidos. El Ministerio del Interior ejerce la acusación y el proceso se dirime en la Audiencia Nacional, concretamente en su Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 6. Desde este juzgado se envió la notificación que informaba del inicio de un procedimiento abreviado para dejar fuera a IZCA de la lista de partidos políticos. La organización política afirma que lo recurrirá.

Luis Ocampo durante la concentración en Sol por los detenidos
en el rodea el congreso del 4 de Octubre de 2014. DANI GAGO

Asimismo, IZCA advierte de que se trata de un intento de “ilegalización” por parte del Estado español y sospecha de una actuación de mala fe desde la Administración, pues la notificación que les advertía de que sus estatutos no estaban acordes a la ley y que les proporcionaba un tiempo para remediarlo no llegó a la dirección ofrecida por IZCA para tal efecto. El médico de profesión Luis Ocampo, representante legal y portavoz de la organización afectada, cuenta los detalles.

¿Por qué cree que el Ministerio del Interior actúa de esta forma contra IZCA?
Nosotros siempre hemos tenido problemas con este Ministerio desde que nos constituimos como partido en el año 2000, independientemente del color del Gobierno.

En las elecciones europeas de 2009, intentaron ilegalizar la candidatura que conformamos junto a la organización Comuneros. Se llamaba Iniciativa Internacionalista y en un primer momento tanto la Junta Electoral Central como el Tribunal Supremo, en una sentencia absolutamente increíble para un alto tribunal como pretende ser, se mostraron a favor de la ilegalización. Recurrimos al Tribunal Constitucional. En el último momento, este Tribunal nos dio el visto bueno a la candidatura porque sabían que, si no, recurriríamos a los tribunales europeos y ganaríamos, ya que no había ningún argumento de peso para ilegalizarla. De todas formas, la criminalización no cesó durante toda la campaña. Fue brutal. Sabían que esta candidatura podía ser una referencia electoral para un sector importante de la sociedad.

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