La problemática que viven los funcionarios estatales en las Islas Baleares, y por ende su población, se resume en dos cuestiones principales: el alto precio de la vivienda y la carestía tan alta de la vida en el archipiélago hacen que sea difícil que cualquiera se quiera asentar en la ínsula. "La mayoría estamos en el grupo C2 de la Administración General del Estado (AGE), donde se cobra unos 1.200 euros al mes. La gente que viene aquí se pone de acuerdo con otros compañeros para compartir piso durante dos años y, cuando pueden, se van", enfatiza Fernando Martorell, secretario del sector de la AGE en Baleares por UGT y uno de los portavoces de Insularidad Digna, la agrupación intersindical creada ante esta problemática que aúna a 21 organizaciones en defensa de los trabajadores.
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