Imagínese. Usted es un estudiante de universidad y accede a una beca de colaboración con su institución académica. Son en torno a cuatro o cinco horas diarias por las que percibe no más de 600 euros mensuales. Al principio todo va bien pese a que le extraña haber accedido a una beca en la que desempeña funciones totalmente alejadas de su campo de estudio. Conforme pasa el tiempo, le exigen recuperar las horas si alguna vez no puede llegar a tiempo, su horario encaja perfectamente con el de la atención al público y la formación recibida no va más allá que la necesaria para desempeñar lo que le encargan. Y el tiempo pasa. Y ve cómo en su misma situación se encuentran cientos de estudiantes en la Comunidad de Madrid. Y empieza a pensar que quizá lo que está haciendo es cubrir un puesto de trabajo estructural, pues si no fuera por usted y sus compañeros becados no podría continuar el normal funcionamiento de los servicios que presta en la universidad.
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Varios alumnos se dirigen a la facultad de Medicina
en la Universidad Complutense, en Madrid.
EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo |
Eso es lo que ha ocurrido en repetidas ocasiones en diferentes centros universitarios de la Comunidad de Madrid. Por mencionar algunas, la Universidad Rey Juan Carlos I (URJC), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad de Alcalá (UAH) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Todas ellas han tenido conflictos laborales con alguno de sus becarios. En el terreno jurídico, la doctrina aún no se ha unificado, pero cada vez más sentencias dan la razón al estudiantado. Así ocurrió en la UAH, donde Cristian Iglesias estudiaba ingeniería técnica industrial. Le pagaban 500 euros al mes por cinco horas diarias.
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