Veinte años después de la última reforma de la ley universitaria, el nuevo anteproyecto tan solo suscita críticas entre el alumnado. Los puntos fuertes de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que más afectarán al estudiantado, defienden, menoscaban su representatividad en los órganos de gobierno de los centros de estudio, permiten la entrada desmedida de la empresa privada en la institución académica y dejan de explicitarse algunos de sus derechos, como el de tutoría. Lo único positivo es la introducción de la perspectiva feminista en el anteproyecto de ley orgánica, aunque también critican que no será suficiente para crear un clima completo de igualdad al dejar de lado a las personas con necesidades especiales, racializadas y del colectivo LGTBI.
Si uno empieza a leer el documento que pronto pasará a debatirse en el Congreso de los Diputados, se encontrará con una exposición de motivos para enmarcar. Lucha contra la desigualdad, mayor democratización de la Universidad y aumento de la calidad docente son algunas ideas que abren el texto. Unas ideas que se quedan en deseos, según denuncia el estudiantado, si se analiza el desarrollo de la Ley. Varios estudiantes de distintas universidades del Estado esgrimen sus críticas respecto al articulado de la norma.
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