7.291 personas mayores murieron en las
residencias de la Comunidad de Madrid sin ser trasladadas a un hospital como consecuencia de los protocolos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) en la pandemia. Hasta el momento, a pesar de las protestas familiares y la denuncia insistente de los denominados «protocolos de la vergüenza» –desvelados por InfoLibre–, no se había investigado la responsabilidad política. Ahora, por primera vez, por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, el juzgado de Instrucción 1 de Collado Villalba ha admitido el recurso presentado por una familia afectada y ha abierto diligencias para determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro en el caso de la presidenta Ayuso y sus consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero. «Es una investigación que ya se cerró. No tiene más recorrido»,
ha afirmado Ayuso desde EEUU.
El suegro de Lola Parra fue una de esas 7.291 personas que no fueron derivadas al hospital. Lola iba todos los días a verlo a la residencia pública de Alcorcón hasta que la cerraron días antes de decretarse el confinamiento total, el 14 de marzo de 2020. “En cuanto cerraron, mi marido y yo intentamos sacarlo de la residencia, pero no nos dejaron”, recuerda. Ahí empezó un calvario que se multiplicó por cientos a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. “Llamábamos para hablar con él y nos decían que o no nos lo podían pasar o que tenían mucho trabajo”, continúa su relato. Gracias a una trabajadora del centro, amiga de la familia, Lola pudo comunicarse con su suegro e intentar explicarle por qué no iban a visitarle todos los días, como habían hecho siempre, pero él no lo entendió.
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