Agotados los cauces marcados por la Administración para tener en cuenta su perspectiva en la redacción de la Ley de Convivencia Universitaria y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) sin haber obtenido ningún éxito, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Estudiantes en Movimiento (EeM) y el Frente de Estudiantes (FdE) han convocado movilizaciones este próximo 18 de noviembre para mostrar su más firme rechazo a las nuevas normas. Sus dos grandes quejas: la LOSU establece cierta
pérdida de representatividad estudiantil en los órganos de decisión de los centros y abre la puerta a “incrementar” la privatización de la universidad; y la Ley de Convivencia les ata de manos y pies al convertir en graves o muy graves cualquier acción que el alumnado pueda llevar a cabo como forma de protesta.
Andrea Paricio es la presidenta de la CREUP. Hace un año estaba contenta porque por fin se derogaría el régimen disciplinario universitario vigente en la actualidad, que data de 1954. La normativa franquista por fin caería y sería sustituida por una nueva, pero a esta estudiante de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) se le terminó la alegría cuando vio el borrador de la Ley de Convivencia Universitaria propuesta por Manuel Castells, titular del Ministerio de Universidades: “Tras las enmiendas que hicieron algunos partidos políticos, se ha eliminado cualquier sistema de mediación frente a la falta de un alumno, se cae toda la parte de los procesos alternativos al régimen sancionador y quitan todas las funciones a la comisión de convivencia”, en sus propias palabras.
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