Vista de la concentración de trabajadores y residentes de la residencia Geriatros, en Alcalá de Henares. EFE/Fernando Villar |
Una de sus principales reivindicaciones está basada en la "mercantilización que algunos empresarios hacen de la vejez. Las residencias concertadas, gestionadas con dinero público, deberían dejar de existir, queremos que sean públicas. No podemos mantener con el dinero de todos negocios en los que unas personas se benefician mientras no prestan el debido cuidado a nuestros residentes", en palabras de una trabajadora de la residencia pública de Vista Alegre, en el barrio madrileño de Carabanchel. Ella misma demanda a la Administración un control más riguroso en los centros concertados, "donde, en muchas ocasiones, no se contrata a personal cualificado que no tienen el grado sanitario necesario para realizar las tareas".
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