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| Un instante en el debate final en el Parlamento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, el 15 de marzo de 2017. — Eduardo Briones / EUROPA PRESS |
No quieren que la búsqueda de sus seres queridos, asesinados por las balas y golpes franquistas, dependa de subvenciones estatales que salen a concurso. Tampoco entienden la relación entre los días que el Ejecutivo ha propuesto en su Ley de Memoria Democrática para homenajear a los represaliados, ni declara la nulidad de la amnistía de 1977. Tibia, timorata y tímida son los adjetivos que coronan, según las entidades memorialistas, la nueva norma redactada por la parte socialista del Gobierno. Aunque confían en que en fase parlamentaria el texto recoja algunas de sus demandas y aceptan que el actual mejora la norma de 2007, la aprobación de la proposición de ley tal y como está redactada supondría "seguir sin ofrecer justicia a las víctimas de la dictadura, y sin justicia no hay reparación, ni verdad, ni garantías de no repetición", en palabras de Jacinto Lara.
Él es el abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) y considera que la recién tramitada Ley en el Consejo de Ministros "presenta una serie de insuficiencias, sobre todo en materia de justicia, que son muy manifiestas". Según la opinión de este letrado, "el problema es que la ley no está orientada a reconocer la tutela judicial efectiva de las víctimas de la dictadura y Transición".
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