Tras seis años de instrucción del caso, la Fiscalía pide para nueve de ellas seis años de prisión por atentado y resistencia a la autoridad y desórdenes públicos; algo que la defensa de los acusados ve inasumible debido a que no existe ninguna prueba, más allá del testimonio de los agentes que inculpa a los encausados, por lo que pedirá su absolución en el juicio que se celebrará el próximo miércoles 27 de noviembre.
En una rueda de prensa en la que han participado Álex Martínez, uno de los acusados, Ertlanz Ibarrondo, el abogado defensor y Marta González, del colectivo Madres contra la represión, se ha explicitado la “poca solidez de las acusaciones”, en términos del letrado refiriéndose al “pack represivo” que les imputan. Ha sido el propio abogado el que ha querido abrir un interrogante basándose en “un hecho objetivable”, como que las peticiones del Ministerio Fiscal en lo que respecta a casos de movilización social “hayan subido de tal forma que ahora se sitúen entre los cinco años y medio y los once años y medio de prisión”. Así, Ibarrondo se pregunta “si es aleatorio que todos los fiscales se hayan puesto de acuerdo para pedir penas tan altas o si siguen alguna directriz”.
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