[Público] Una asociación católica en Guadalajara continúa con los desahucios en casas para personas sin recursos

Una oleada de desahucios vuelve a sacudir algunas de las 96 viviendas que la Sociedad católica de San Vicente de Paúl (SSVP) gestiona en Guadalajara. En proceso hay hasta seis alzamientos por distintas razones en estas viviendas que desde sus orígenes, en una cesión que hizo en los años 60 la condesa de Romanones a la entidad, debían ocupar personas con dificultades económicas. Actualmente, el Ayuntamiento de la ciudad, la congregación religiosa y la Junta de Castilla-La Mancha se están reuniendo para decidir sobre el caso.

En estos momentos hay dos conflictos principales encima de la mesa. Uno de ellos se centra en la titularidad de esos inmuebles, que según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la ciudad manchega debería haberse traspasado desde la SSVP a los propietarios que ocupaban estas casas desde el primer momento en un régimen de alquiler social una vez que pagaron todas las cuotas hasta llegar a cubrir el coste total de la vivienda, algo que nunca sucedió. La otra disputa está relacionada con las características que tienen algunos de los vecinos del barrio de Alamín, donde se encuentra el bloque de residencias, lo que se traduce en la posibilidad de desalojarles debido a que es posible que no cumplan con los requisitos necesarios para estar viviendo en ese régimen de alquiler tutelado.

La maraña de comunicaciones efectuada ante estos problemas es ingente. Desde el Ayuntamiento de la ciudad, aun habiéndose aprobado una moción para que desde el consistorio se pusiera a disposición de los vecinos "la documentación y el asesoramiento necesario para que puedan defender sus derechos", recalcan que las competencias en vivienda recaen sobre la Junta de Castilla-La Mancha. Desde la SSVP aseguran que han ofrecido a esta misma Junta ceder gratuitamente el bloque de viviendas para que sea gestionado desde la administración pública en su totalidad, una máxima que no le consta al socialista Eusebio Robles, el delegado de la Junta en Guadalajara. Mientras tanto, los procesos de desahucio siguen en pie.

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