El partido político Izquierda Castellana (IzCa) lleva inscrito en la base de organizaciones políticas del Ministerio del Interior, es decir, legalizado, desde el año 2000. En el 2015, un cambio en la Ley de Partidos Políticos obligó a reformar sus estatutos en diversos aspectos. La normativa, a su vez, establecía los canales y las formas de comunicar e invitar a las diferentes organizaciones a modificar sus bases, pero tales preceptos no fueron cumplidos por la propia Administración. Según denuncian desde el partido castellanista, a principios de este verano recibieron una notificación en la que se les informaba de la apertura de un proceso de extinción e ilegalización como partido político. Este 14 de diciembre se debería haber celebrado la vista oral del caso en la Audiencia Nacional, pero fue aplazada en el último momento.
Para la formación con base en Valladolid no fue nada nuevo, señala Luis Ocampo, portavoz de IzCa a nivel nacional. “Es curioso porque nosotros no hicimos esos cambios en nuestros estatutos ya que la notificación que nos debería haber avisado de los mismos y del tiempo que teníamos para ello no llegó a la dirección que facilitamos al Ministerio del Interior, cuando sí que disponen de ella porque hemos recibido comunicaciones oficiales tanto con anterioridad como de forma posterior”, explica el portavoz.
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