Imagen de un diploma para Claudio Sánchez-Albornoz y Meduiña. — Guillermo Martínez |
Araceli Manjón, secretaria general de la UCM, ha recalcado la importancia de un acto de estas características, en el que se han entregado las declaraciones de reparación y reconocimiento personal en favor de los rectores. "Todos ellos fueron depurados y separados definitivamente del servicio por el régimen franquista en 1939 (…). Solo uno de ellos, Sánchez-Albornoz, volvió con vida a España. Los demás murieron fuera, aunque el cuerpo de Fernando de los Ríos fue repatriado".
La represión que sufrieron estos cinco rectores, también intelectuales y políticos, se basaron en dos órdenes franquistas en las que se "expresaban de forma inmotivada y genérica que las separaciones se decretaban por desafección al nuevo régimen, sus actuaciones en las zonas de dominación marxista o por su pertinaz política antiespañola antes del glorioso Movimiento Nacional", ha explicitado Manjón en base a la textualidad de la normativa franquista. Ella misma ha incidido en que "la reparación que hoy obtienen nuestros rectores es simbólica, sin consecuencias jurídicas, y se fundamenta en el reconocimiento de que las sanciones fueron injustas e ilegítimas". De esta forma, la secretaria general ha comentado que la sociedad debe aspirar a que "las resoluciones y sentencias que acentuaron la represión sobre todos los perseguidos por el franquismo sean declaradas nulas y, con ello, inexistentes en derecho".
La represión que sufrieron estos cinco rectores, también intelectuales y políticos, se basaron en dos órdenes franquistas en las que se "expresaban de forma inmotivada y genérica que las separaciones se decretaban por desafección al nuevo régimen, sus actuaciones en las zonas de dominación marxista o por su pertinaz política antiespañola antes del glorioso Movimiento Nacional", ha explicitado Manjón en base a la textualidad de la normativa franquista. Ella misma ha incidido en que "la reparación que hoy obtienen nuestros rectores es simbólica, sin consecuencias jurídicas, y se fundamenta en el reconocimiento de que las sanciones fueron injustas e ilegítimas". De esta forma, la secretaria general ha comentado que la sociedad debe aspirar a que "las resoluciones y sentencias que acentuaron la represión sobre todos los perseguidos por el franquismo sean declaradas nulas y, con ello, inexistentes en derecho".
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