Apenas nadie hace referencia al génesis de la privatización continua del sistema sanitario en España. Un 10 de abril de 1997 el Congreso de los Diputados aprobaba la ley que abría la puerta a que entidades privadas se beneficiaran de la sanidad pública. Gobernando Aznar en minoría, el texto salió adelante con los únicos votos en contra de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, que supieron prever lo que años después sucede: "La óptica liberal que impusieron defiende que un empresario se arriesga para poder ganar rentabilidad en el futuro, pero en esta caso ni siquiera fue así. Las empresas privadas no arriesgaban nada porque contaban con financiación pública y una clientela asegurada, además de que podían elegir libremente el tipo de contrato que hacían a los sanitarios, algo que no ocurre en la pública", recuerda Ángeles Maestro, diputada por aquel entonces de IU.
El parte meteorológico para Madrid de aquel día hablaba de unas temperaturas mínimas de 10 grados que podrían ascender hasta los 18. Esta máximo se debió palpar en el Hemiciclo cuando tomó la palabra Maestro, única voz discordante en la
aprobación de la ley 15/97: "Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y la eficiencia en la gestión", fueron las palabras exactas de la diputada según se recoge en el
libro de sesiones de aquella jornada.
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