La investigación judicial parte de una denuncia de un abogado por haber permitido el pasado 8 de marzo la marcha por el Día Internacional de la Mujer, pese a las advertencias días antes del Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por el coronavirus.
La titular del juzgado Carmen Rodríguez-Medel investiga al delegado del Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.
La investigación, que ha descartado "causalidad" entre las marchas del 8-M y el aumento de contagios por la covid-19, se centra en las movilizaciones autorizadas entre el 5 y el 14 de marzo (cuando se decretó el estado de alarma). Para el abogado experto en derecho penal Ertlanz Ibarrondo, los activistas convocantes han acudido a testificar pese a que "las citaciones de la Guardia Civil no se ajustan a derecho por estar judicializado el caso".
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