Un nuevo soplo de aire fresco ha sorprendido al pueblo recuperado de Fraguas, en la sierra norte de Guadalajara. Nueve años han pasado desde que algunos activistas se asentaran y empezaran a reconstruir este municipio alcarreño destruido durante el franquismo y dinamitado después por diversas prácticas del ejército español. Hace dos años, la Audiencia Provincial condenó a seis de ellos a una pena que podría superar los dos años de cárcel, y aunque este nuevo movimiento no se relaciona directamente con la condena, sí que da un impulso a los habitantes actuales: el Juzgado ha pedido al Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), entidad que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (
CSIC), y al Seprona de la Guardia Civil que elaboren un informe sobre el patrimonio histórico y etnográfico que puede haber en la zona. El derribo, si se produce, se alargará todavía un tiempo.
Esta última actualización del proceso judicial cuya
condena aún no se ha ejecutado no se queda en el asunto de la demolición. “La Fiscalía también había solicitado el desalojo de los ocupantes que ahora mismo están en Fraguas, y el Juzgado les ha respondido que, para eso, tienen que empezar un nuevo proceso por el supuesto delito de usurpación con los nuevos identificados para que se inicie el proceso correspondiente”, agrega Erlantz Ibarrondo, el letrado de la defensa. Él mismo completa: “Aunque el escrito de la jueza no dice expresamente que se paraliza el derribo, sí que dice que el Seprona de la Guardia Civil debe elaborar un informe técnico en el que analicen la protección del patrimonio histórico citada por el Incipit”.
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