Ese año finalizó un proceso judicial contra seis de los nuevos vecinos de Fraguas: la sentencia firme los condenó por un delito contra la ordenación del territorio y otro de usurpación. Este último lleva aparejado el pago de una responsabilidad civil que responde a las costas de la demolición de las viviendas reconstruidas, pero los presupuestos presentados por la Junta de Castilla-La Mancha han introducido en dicha cuantía algunas edificaciones que no fueron juzgadas. El primero de ellos ascendía a 43.000 euros. El segundo, que tampoco se ajusta a las edificaciones enjuiciadas, a los 34.000. El abogado de los jóvenes alerta de que si no hacen frente a esta pena económica, el delito de usurpación se convertiría en pena de prisión, que sumado al otro superarían los dos años de cárcel. Además, tendrán que hacer frente a una multa de 2.700 euros cada uno de ellos.
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