Los únicos cadáveres con signos de violencia que se podían encontrar y analizar en España sin presencia judicial eran aquellos enterrados en fosas comunes, aquellos cuerpos de personas víctimas del franquismo. En la gran mayoría de ocasiones, los arqueólogos se veían en la situación de tener que trabajar en escenarios de un crimen que la judicatura desechaba investigar. Que ni siquiera se iniciaran unas pesquisas alrededor de los sucesos echaba por tierra la posibilidad de que las exhumaciones se llevaran a cabo bajo la presencia de un juez o la policía judicial. ¿Por qué esta anomalía en la justicia española? ¿Sigue sucediendo?
Paco Etxeberría, médico especialista en medicina forense que ha participado en la exhumación de miles de personas tanto en España como en otros países del mundo, antes de comentar por qué no solía presentarse la policía judicial en las fosas, prefiere ir a la génesis de todo: “La cuestión está si en los juzgados se iniciaban diligencias de instrucción investigativa. La inmensa mayoría de los casos lo denegaban amparándose en que los delitos prescriben si ya habían pasado 20 años desde que se cometieron”.
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