Las repetidas promesas por parte de Pedro Sánchez de su derogación, incluso antes de convertirse en presidente del Gobierno, parecían auspiciar un nuevo horizonte para los derechos sociales en el país. Lo dijo en mayo y septiembre de 2015 ante sus militantes, en una declaración ante la prensa en febrero de 2016 y un mes después de ese mismo año ya en sede parlamentaria; también en octubre de 2017 y mayo de 2018. Declaraciones que se han ido sucediendo sin que se alcanzara ningún acuerdo para su reforma mientras el tiempo corre y la defensa de los derechos sociales siguen sin cumplir con los estándares internacionales.
"Aprobaremos una nueva Ley de seguridad ciudadana que sustituya a la Ley Mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica", se comprometieron Unidas Podemos y el PSOE en su pacto de coalición de 2019. Ese "nuevo acuerdo para España", como lo titularon, recogía que "esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía (…)". Así la esperan ansiosos todos los organismos que han criticado duramente algunos de sus artículos, mediante los cuales se han coartado derechos como el de reunión, manifestación e información.
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