Varios residentes del asentamiento de la Cañada Real. — Guillermo Martínez |
El Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) es el despacho de abogados que más está peleando la asunción de responsabilidades por parte de las dos entidades ya mencionadas. Carlos Castillo, letrado del bufete, es quien ha interpuesto las denuncias pertinentes: “La primera la hicimos a mediados de diciembre, cuando nunca nos planteamos que el corte de luz pudiera llegar hasta esa fecha, justo al inicio del invierno. Pusimos en conocimiento de los Juzgados de Plaza de Castilla una serie de daños y lesiones que sufren parte de la población, todos ellos corroborados por documentos médicos”. Se refiere a intoxicaciones como consecuencia de la necesidad de utilizar estufas de gas, sabañones, quemaduras y personas que no podían disponer de su medicación debido a que ésta debe guardarse en el frigorífico.
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